Sólo un puñado de autoridades locales han organizado licitaciones para el suministro de gas y electricidad, dos mercados abiertos a la competencia desde el 1 de julio de 2004. De hecho, casi todos siguen siendo clientes de EDF y GDF, como autorizado por la ley. Las tarifas reguladas, aplicadas por los operadores establecidos, son hasta la fecha más atractivas que los precios de mercado. Pero no reflejan el costo real de la energía y constituyen una distorsión de la competencia, cree la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que aboga por su eventual desaparición.